Inversión en Infraestructura en Uruguay

@Dra. María Victoria Vergara Gallo*

vvergara@ferrere.com

Las economías de América Latina, incluyendo la de Uruguay, están atravesando un importante proceso de crecimiento, para el cual no se encontraban completamente preparadas.

Centrándonos en Uruguay, luego de la profunda depresión experimentada en el año 2002, nuestra economía comenzó a crecer a pasos agigantados; en una medida que no se veía desde la década de 1940. Los niveles de inversión en Uruguay rondan el 20% del producto bruto, mientras los niveles de inversión extranjera son los mayores de los últimos años.

Sin embargo, este crecimiento, que no fue previsto por los economistas -y por lo tanto no planificado por los gobiernos, tuvo que superar varios obstáculos a los efectos de continuar desarrollándose.

Uno de los principales obstáculos de los que hablamos es la falta de infraestructura;  indispensable para el avance de los grandes proyectos que han elegido Uruguay como destino. De hecho, para continuar con el crecimiento económico, es esencial contar con una infraestructura adecuada de la que hoy carecemos.

Esto tiene un impacto directo en la productividad y la competitividad internacional del país, lo que –de mejorar- se vería reflejado en un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.

Las deficiencias en infraestructura han sido expresamente reconocidas por los inversores, economistas, funcionarios gubernamentales e incluso por organizaciones internacionales.

Los encargados de dirigir nuestro país están trabajando para encontrar los caminos que permitan que la economía uruguaya siga creciendo a pesar de no contar, por el momento, con la infraestructura adecuada.

Y el camino está marcado. Según estudios de diferentes agencias del sector público, complementados por análisis económicos proporcionados desde el sector privado , la eliminación de estas “deficiencias” en infraestructura requiere inversiones que pueden ser estimadas en 5 billones de dólares. Cantidades como estas son extremadamente relevantes si tomamos en cuenta el tamaño de Uruguay y su economía. Encontrar inversiones de ese calibre seguramente produzca diferencias significativas.

El desafío es, y hacía él camina nuestro país, encontrar regulación apropiada que permita la implementación y desarrollo de dichas inversiones. Normativa que –además- colabore en lograr que las oportunidades de negocio en Uruguay sean apetecibles tanto para capitales extranjeros como locales.

Reconociendo esta necesidad impostergable, nuestro Parlamento aprobó el 12 de julio de 2011 la Ley de “Contratos de Participación Público – Privada para la Realización de Obras de Infraestructura y Prestación de Servicios Conexos” (PPP).

Esta ley, introduce nuevos mecanismos a través de los cuales públicos y privados pueden trabajar en colaboración a fin de obtener el mejor proyecto de infraestructura posible, que sea el más rentable para el privado, el más conveniente para la Administración y el más beneficioso para aquellos que serán usuarios de los servicios a prestarse. Por lo menos, esa es la intención de quienes apoyaron esta nueva legislación.

Esta ley fue reglamentada por el Decreto 17/012 que profundiza en este nuevo esquema de contratación que nuestro país comienza a explorar.

Sin embargo, consideramos que los resultados con los que contamos a la fecha no son los esperados. Sin perjuicio de que algunos proyectos pareciera que estuviesen cerca de verse materializados (prisiones y carreteras), la puesta en marcha del esquema de Participación Público Privada viene siendo más lenta de lo esperado y es inquietante para todos lo que entendemos la urgencia que demanda el invertir en infraestructura.

NOTA DEL EDITOR:

A raíz de este tema, la autora del artículo desarrolló un trabajo de investigación realizado para concursar por la beca denominada “Rogelio de la Guarda Scholarship” en oportunidad de la Conferencia Bianual organizada por el Latin American Regional Forum de la International Bar Association en el pasado mes de marzo en Colombia.

Gracias a su buena disposición, y si lo deseas, puedes descargarlo y acceder al trabajo completo; que estuvo entre los finalistas de la competencia mencionada.

Asimismo, posteriormente, el Young Lawyer Comitee de la International Bar Association publicó un resumen de dicho trabajo en su último newsletter. Y en Sanduceros lo tenemos para ustedes. Descargalo y leelo a partir de la página 21 del documento.

Teniendo presente que se trata de un trabajo realizado por una compatriota, y que tuvo repercusión importante en el exterior, decidimos desde Sanduceros publicar los archivos originales.

Sumando a lo anterior, decidimos la publicación dado que se trata de un tema de particular importancia para nuestro País y Departamento. La infraestructura, como lo explican los trabajos, es uno -si no el más- importante protagonista en el crecimiento que pueda llegar a tener Uruguay, en especial, y Paysandú, en particular. Hablamos de inversión en rutas, obras civiles y lo tan discutido por los sanduceros hace mucho tiempo: el puerto.

Así, notarán que decidimos publicarlos amén de que se encuentran en inglés. De todos modos, y a solicitud de Sanduceros, Victoria Vergara Gallo accedió amablemente a enviarnos una traducción de ellos, de modo que sea accesible y comprensible por todas y todos.

* Ma. Victoria Vergara Gallo es miembro de FERRERE ABOGADOS desde el año 2005 e integra el grupo de práctica dedicado a las industrias Farmacéutica, de Alimentos y Química de la firma. En 2009 Victoria Vergara se graduó como Doctora en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Posee un postgrado en “Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción” realizado en la Universidad del Litoral de la República Argentina (2009). Actualmente se encuentra realizando una maestría en Derecho Administrativo Económico en la Universidad de Montevideo y está en proceso de preparación de su tesis final.

En el 2012 se afilió al Colegio de Abogados y es miembro de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del mismo.

Desde el 2012, se desempeña como Aspirante a Profesor Adscripto Derecho Público I (Derecho Constitucional) en la Universidad de la República.

Asimismo, forma parte de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en calidad de Vicepresidenta y es miembro de la Comisión de Planes y Programas dependiente de dicho órgano.